La privatización de la sanidad pública y las leyes de conservación

(Contribución de El neutrino a la edición 3.1415926535 del Carnaval de Matemáticas, organizada por La Aventura de la Ciencia, y a la III edición del Carnaval de Humanidades, organizada por El cuaderno de Calpurnia Tate)

No, querido lector. No te has equivocado de blog. Esto sigue siendo El neutrino, y no voy a hablar de política, sino de economía. O más bien de matemáticas, porque confieso que no entiendo mucho de economía, pero para hacer cuentas basta y sobra con las cuatro reglas, y el hecho es que en el caso de la privatización de los servicios públicos, las cuentas no salen.

La verdad es que había empezado a escribir un largo texto apoyado con ecuaciones para demostrar que es imposible ahorrar dinero privatizando la sanidad pública (o la educación, o...) sin degradar el servicio que se presta a los ciudadanos, pero a mitad de camino me he dado cuenta de que no es necesario liarse tanto. Basta con aplicar una ley de conservación. Las ciencias recurren con frecuencia a las leyes de conservación, que postulan que durante la evolución temporal de un sistema aislado ciertas magnitudes tienen un valor constante. Así, en la física tenemos las leyes de conservación de la energía, del momento lineal, del momento angular, de la carga eléctrica... Dicen que la economía es una ciencia, pero nunca he visto enunciada la que debería ser su ley de conservación fundamental: la ley de conservación del dinero: "El dinero ni se crea ni se destruye, sólo cambia de bolsillo".

¿Qué ocurre con la privatización de los servicios públicos? Que estamos añadiendo un bolsillo al reparto de dinero, el bolsillo de los beneficios empresariales. Y no voy a añadir aquí el adjetivo que se ha convertido en un epíteto constante cuando se habla de beneficios empresariales: "legítimos", porque en este caso no lo son; si me apuran, se trata, si no en sentido legal, sí en el etimológico, de malversación de fondos públicos. Si añadimos un bolsillo al reparto, está claro que alguno de los demás, o todos ellos, tienen que recibir menos, sobre todo si además la administración pública pretende ahorrar dinero con la medida. Eso significa menos dinero para el personal sanitario (reducción de sueldos, aumento de jornadas, degradación de las condiciones laborales) o menos dinero para otros costes (tratamientos, pruebas diagnósticas...). Cualquiera de las dos opciones me da escalofríos. No sé los demás, pero yo prefiero que mi salud (y la educación de mis hijos) esté en manos de profesionales cualificados y bien pagados, y no de (sub)empleados más preocupados por la caducidad de su contrato temporal que por sus pacientes (o alumnos). Y que no escatimen medios para salvar vidas. Porque de eso se trata, ¿no? De salvar vidas, no de hacer negocio. ¿O vamos a dejar que sea una junta de accionistas quien decida si una prueba diagnóstica o un tratamiento es o no adecuado? (En función de su precio, claro.)

Eso en el caso de que la administración pública subcontrate la gestión de la sanidad por una cantidad de dinero menor que la que le viene costando. Otra posibilidad es que la empresa subcontratada pase la factura a la administración en función de su actividad, y aquí caeremos en lo contrario: ¡Venga pruebas y tratamientos caros e innecesarios para aumentar los beneficios! Así también se van a llevar nuestro dinero, el de nuestros impuestos, a otro bolsillo, el suyo. Yo, por si sirve de algo, me opongo. Porque no va a funcionar. Para nosotros, los pacientes y trabajadores, no va a funcionar. Para ellos sí; para ellos, los empresarios, va a ser un negocio redondo.